Manuel Adorni pidió una prórroga para responder el requerimiento de la Justicia sobre las inconsistencias detectadas en su situación patrimonial. El exjefe de Gabinete pretende contar con más tiempo para presentar explicaciones y documentación antes de responder los distintos interrogantes formulados por la Fiscalía. Además, su defensa solicitó acceder a parte del material incorporado tras el análisis del teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en una propiedad vinculada al exfuncionario y cuyo dispositivo quedó bajo la lupa de los investigadores.

La pesquisa apunta a establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y una serie de gastos, compras y movimientos patrimoniales reconstruidos durante la investigación. Entre los puntos que deberá explicar aparecen dólares en efectivo, préstamos familiares, la compra de un vehículo y la adquisición de un terreno en el country Indio Cuá. Sin embargo, uno de los capítulos más sensibles está vinculado con las obras realizadas en esa propiedad: Tabar declaró haber recibido US$245.000 por trabajos de remodelación, por lo que la Fiscalía busca determinar de dónde provinieron los fondos y qué documentación puede respaldar esos pagos.

El celular del contratista pasó a ocupar un lugar importante dentro del expediente. Tabar entregó voluntariamente el dispositivo y posteriormente se realizó una extracción forense que incluyó conversaciones, llamadas y documentación relacionada con las obras. Parte de ese contenido ya comenzó a ser examinado por los investigadores y la defensa de Adorni considera necesario acceder a determinados archivos antes de responder algunos de los cuestionamientos fiscales. Ahora será el juzgado el que deberá definir si concede la extensión solicitada y en qué condiciones podrá consultarse ese material.

La investigación también avanza sobre otra propiedad ubicada en la calle Miró al 550, los recursos utilizados para adquirirla y los gastos destinados a muebles. A eso se suman preguntas sobre ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, pagos en efectivo relacionados con viajes y educación y posibles compras realizadas a través de terceros. También aparecen bajo revisión las operaciones con criptomonedas: la Fiscalía pidió conocer cómo se desarrolló esa actividad y, especialmente, cuál fue el origen del capital inicial utilizado para operar. En su declaración jurada de 2025, Adorni había informado ingresos por la venta de criptoactivos y un patrimonio superior a los $944 millones.

El pedido de prórroga abre ahora una nueva instancia en una causa que se concentra en reconstruir cómo se conformó el patrimonio del exfuncionario y si cada uno de los movimientos observados puede ser debidamente justificado. La decisión sobre el plazo solicitado quedará en manos del juzgado, mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos y analiza la documentación obtenida durante la investigación. Por el momento, Adorni busca ganar tiempo para responder un cuestionario que atraviesa propiedades, obras millonarias, dinero en efectivo y operaciones financieras que la Justicia intenta ordenar dentro de una misma reconstrucción patrimonial.