El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010, con el argumento de “modernizarla” y mejorar la respuesta del sistema ante situaciones críticas. Entre los cambios más relevantes aparecen la revisión de los criterios para internaciones involuntarias —hoy limitadas a casos de “riesgo cierto e inminente”—, la incorporación de categorías diagnósticas más precisas en lugar del concepto amplio de “padecimiento mental” y la posibilidad de fortalecer el rol de hospitales especializados dentro de la red de atención. La iniciativa también propone reorganizar el sistema por niveles y revisar el esquema que promovía el reemplazo progresivo de hospitales monovalentes por dispositivos comunitarios.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto es su impacto sobre las internaciones. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente dificulta intervenciones tempranas en situaciones de crisis, mientras que especialistas advierten que la ley actual ya contempla herramientas para intervenir y que el principal problema no es normativo sino presupuestario. La propia legislación establece que al menos el 10% del presupuesto de Salud debe destinarse al área de salud mental, un objetivo que nunca se cumplió de forma sostenida, lo que alimenta cuestionamientos sobre el contexto en el que se impulsa la reforma.

En ese marco, TODA LA DATA dialogó con la psicóloga Lucila Gerez, quien advirtió que la Ley de Salud Mental sancionada en 2010 representó “un hito en la construcción de un nuevo paradigma de atención basado en los derechos humanos, la perspectiva comunitaria y la desmanicomialización”, pero señaló que a más de 15 años de su promulgación persisten fuertes dificultades en su implementación. En ese sentido, remarcó que “continúan las representaciones sociales estigmatizantes, sumado a una escasa asignación presupuestaria y la ausencia de políticas públicas sostenidas”, lo que evidencia una brecha entre el marco legal y su aplicación real en el sistema sanitario.

La especialista también puso el foco en el debate actual sobre las internaciones y los dispositivos de atención. “No se cuestiona la internación como un recurso terapéutico útil para momentos de crisis o descompensación aguda”, explicó, pero advirtió que el problema aparece cuando se prolonga por falta de alternativas comunitarias. “Sin dispositivos como casas de medio camino, centros de día o emprendimientos laborales, la internación deja de ser una herramienta de salud para convertirse en una respuesta segregatoria”, sostuvo. Además, alertó que el debate sobre reformas podría implicar un retroceso respecto del enfoque vigente: “Más que una modificación técnica, lo que estamos discutiendo es un retorno a una lógica manicomial, asilar y tutelar que creíamos haber empezado a superar en 2010”.