El Gobierno nacional enfrenta horas clave en torno a la mantención del déficit 0, con un plazo judicial que lo obliga a girar cerca de $2,5 billones a las universidades nacionales y una fuerte advertencia oficial sobre el impacto que esto tendría en las cuentas públicas.

La orden surge de un fallo que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y exige el pago inmediato a 56 universidades de todo el país. El Ejecutivo tiene tiempo hasta las 9:30 del viernes para cumplir con la sentencia, aunque ya analiza llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un intento por ganar tiempo y revertir el escenario judicial.

Desde la Casa Rosada reconocen dificultades concretas para afrontar el desembolso. Desde Casa Rosada señalan que actualmente no tienen dinero y apuntan a que la responsabilidad de reordenar partidas recaerá en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encargado de la redistribución presupuestaria.

En paralelo, el Gobierno comenzó a instalar un mensaje de advertencia: cumplir con el fallo implicaría un quiebre en la política de equilibrio fiscal. Según sostienen, el pago podría provocar que “vuelva el déficit”, en contraste con la estrategia económica que viene mostrando resultados positivos en el corto plazo.

De hecho, las cuentas públicas registraron en marzo de 2026 un superávit financiero de $484.789 millones, tras un resultado primario de $930.284 millones y el pago de intereses de deuda por $445.495 millones. En el acumulado del primer trimestre, el superávit primario alcanzó aproximadamente el 0,5% del PBI, consolidando una racha de equilibrio basada en la reducción del gasto público.

Este esquema también se alinea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que prevén un superávit primario anual del 1,4% del PBI, ajustado recientemente para priorizar la acumulación de reservas.

Sin embargo, el conflicto con las universidades introduce una tensión directa entre el cumplimiento de obligaciones judiciales, legislativas y la política fiscal. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación en dos ocasiones, dejando en evidencia la necesidad presupuestaria de las universidades nacionales. Por estas razones, la justicia federal falló en favor del pedido del Consejo Interuniversitario Nacional.

Mientras el oficialismo evalúa alternativas, como enviar un nuevo proyecto al Congreso con menor impacto presupuestario, crece el malestar en la comunidad académica y los gremios, que ya anticipan posibles protestas.

El desenlace dependerá de la decisión que tome el Ejecutivo en las próximas horas: acatar el fallo y asumir el costo fiscal, o avanzar con una apelación que prolongue el conflicto tanto en el plano judicial como político.