El Grupo Mirgor despidió a 300 trabajadores de una de sus plantas ubicadas en Río Grande, Tierra del Fuego, y profundizó el conflicto que mantiene con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida generó preocupación entre los trabajadores y sus familias y provocó la intervención del Gobierno provincial.

El conflicto se produjo en un contexto de tensión dentro del sector metalúrgico fueguino, que atraviesa dificultades vinculadas a la actividad industrial y al esquema de importaciones. Los empleados afectados se encontraron este lunes con la imposibilidad de ingresar a sus puestos de trabajo, lo que elevó la tensión entre la empresa y el sindicato.

Ante la situación, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego intervino de oficio y dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días. La medida busca retrotraer el conflicto al momento previo a las desvinculaciones y abrir una instancia de negociación entre las partes.

La ministra de Trabajo provincial, Sonia Castiglione, convocó a representantes de Mirgor y de la UOM a una audiencia para este martes a las 13. La funcionaria calificó la situación como “muy delicada”, especialmente por el impacto que tiene sobre los trabajadores y sus familias.

Durante el período de conciliación, los empleados deberán continuar ingresando a sus puestos de trabajo y no podrán implementarse medidas que profundicen el conflicto. Desde el Gobierno provincial remarcaron la necesidad de generar un espacio de diálogo para encontrar una solución.

Los despidos también generaron cuestionamientos desde el ámbito político. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, calificó la situación como “gravísima” y sostuvo que la pérdida de empleos no afecta solamente a los trabajadores, sino también al conjunto de la comunidad fueguina.

Pérez apuntó contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y cuestionó especialmente la apertura de importaciones y las medidas que, según su interpretación, afectan a la industria de Tierra del Fuego.

“Desmantelan el trabajo fueguino”, sostuvo el intendente, quien también cuestionó a las empresas beneficiadas durante décadas por el régimen de promoción industrial de la provincia.

En ese sentido, puso el foco en la responsabilidad de las compañías que recibieron beneficios fiscales y aduaneros bajo el régimen fueguino. “¿Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad?”, planteó Pérez, al reclamar que el empleo no sea la primera variable de ajuste.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, también expresó su respaldo a los trabajadores afectados y calificó los despidos como parte de una situación más amplia que atraviesa la industria fueguina. El dirigente cuestionó la apertura de importaciones y la reducción de aranceles impulsadas por el Gobierno nacional.

Mirgor es un grupo dedicado a la industria tecnológica que tiene su base en Tierra del Fuego. La compañía cuenta actualmente con cinco plantas en la provincia, donde desarrolla actividades vinculadas a la fabricación de teléfonos celulares, televisores, productos de electrónica de consumo y componentes para la industria automotriz.

La empresa estuvo históricamente vinculada a Mauricio Macri y Nicolás Caputo y desarrolló buena parte de sus actividades industriales bajo el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, que contempla beneficios fiscales y aduaneros para las compañías radicadas en la provincia.

Ahora, los 300 despidos vuelven a poner en el centro de la discusión el futuro de la industria fueguina, el impacto de las políticas de apertura comercial y el alcance de los beneficios que durante décadas recibió el sector.

Mientras rige la conciliación obligatoria, la empresa y la UOM deberán sentarse a negociar para intentar destrabar el conflicto y definir el futuro laboral de los trabajadores afectados.