El operativo de seguridad desplegado alrededor del Congreso durante la protesta contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió un nuevo frente de conflicto entre la oposición y el Gobierno. El diputado nacional socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, concurra a la Cámara de Diputados y explique cómo se diseñó y ejecutó el dispositivo de Gendarmería durante la jornada del 6 de agosto. El reclamo se produjo mientras el Senado retomaba el tratamiento de una iniciativa que había quedado postergada en julio por decisión de la propia Cámara alta.

Paulón puso el foco en la actuación de las fuerzas de seguridad y pidió conocer quiénes estuvieron a cargo del operativo, qué instrucciones recibieron los agentes y si existe una investigación interna o judicial por los episodios denunciados durante la movilización. El legislador también cuestionó el alcance territorial del despliegue y el uso de camiones hidrantes durante la desconcentración. En ese marco, sostuvo en X que “Monteoliva tiene que dar la cara” y calificó como injustificada la actuación de las fuerzas nacionales. Su presentación busca que esas acusaciones sean respondidas formalmente en el ámbito parlamentario y que se determine si existieron irregularidades.

La respuesta de la ministra fue diametralmente opuesta. Monteoliva defendió el accionar de los efectivos y sostuvo que el Estado no impedirá las manifestaciones pacíficas, pero que intervendrá cuando existan hechos de violencia o se intente afectar el funcionamiento de las instituciones. Según planteó la funcionaria, quienes hayan destruido bienes públicos o intentado impedir la actividad del Congreso deberán responder ante la Justicia. Además, informó que el Gobierno presentó una denuncia penal para determinar quiénes participaron de los incidentes y quiénes pudieron haberlos promovido u organizado.

Uno de los puntos que deberá determinarse a partir de las investigaciones es qué ocurrió con las personas que denunciaron haber sido alcanzadas por golpes o proyectiles durante el operativo. La denuncia sobre una fotógrafa que habría sufrido una fractura de cráneo tras recibir un golpe policial no pudo ser corroborada en fuentes confiables con los datos aportados, por lo que no corresponde presentarla como un hecho confirmado. Sí existen antecedentes documentados de periodistas y fotógrafos heridos durante operativos de seguridad en las inmediaciones del Congreso, pero corresponden a protestas anteriores y no deben mezclarse con los acontecimientos del 6 de agosto.

El conflicto político se suma así a una jornada que ya estaba cargada de tensión por el tratamiento de la reforma impulsada por el oficialismo. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada había sido enviado al Senado para modificar, entre otros aspectos, el régimen de expropiaciones y agilizar los procedimientos de desalojo. Su tratamiento había quedado pendiente desde julio, cuando la Cámara alta aprobó por amplia mayoría pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

Ahora, el pedido de Paulón trasladó la discusión de las calles al Congreso: el diputado pretende que la ministra de Seguridad explique ante sus pares cuáles fueron los criterios utilizados para desplegar a las fuerzas federales y responda por las denuncias formuladas durante la protesta. Monteoliva, mientras tanto, sostiene que el operativo tuvo como finalidad preservar el funcionamiento del Poder Legislativo y que cualquier exceso deberá ser determinado por la Justicia. El próximo capítulo de la controversia dependerá, en buena medida, de qué información oficial y qué elementos de prueba surjan sobre lo ocurrido.