El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a justificar el origen de una serie de incrementos patrimoniales, adquisiciones y gastos detectados durante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento, presentado ante el juez federal Ariel Lijo, consta de 207 fojas y contempla 20 puntos que el exfuncionario deberá responder.

La Fiscalía estableció un plazo de 15 días para que Adorni explique la procedencia de los fondos utilizados tanto a título personal como a través de su esposa, Bettina Angeletti. Según el dictamen, algunas de las operaciones analizadas no encuentran, hasta el momento, una explicación suficiente a partir de los ingresos lícitos que fueron acreditados durante la investigación.

El período bajo análisis se extiende desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió su primer cargo dentro de la administración de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó el Gobierno.

Entre los principales puntos incluidos en el requerimiento aparecen los dólares en efectivo declarados por Adorni y el origen de los fondos utilizados para distintas operaciones. La Fiscalía pidió que detalle fechas, montos, movimientos bancarios o bursátiles y documentación que permita acreditar la procedencia del dinero.

También deberá explicar la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, el origen de los fondos utilizados y el motivo por el cual el inmueble figura a nombre de su esposa.

Otro de los puntos bajo análisis son los USD 245.000 abonados al contratista Matías Tabar por trabajos de refacción en esa propiedad. A esto se suman los pagos realizados en efectivo y en dólares por muebles destinados a otra vivienda de la familia en el barrio porteño de Caballito.

Respecto del departamento ubicado en Miró 550, el fiscal también solicitó información sobre el origen del dinero utilizado para concretar la compra.

La investigación incluye además gastos vinculados a viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares de los hijos del exfuncionario. Pollicita también puso el foco en la utilización reiterada de terceras personas para adquirir bienes o afrontar gastos en efectivo que, según la investigación, tenían a Adorni como destinatario real.

De acuerdo con el análisis incorporado al expediente, durante el período investigado Adorni percibió 35 salarios como funcionario público, además de los ingresos acreditados de su esposa.

La suma total de esos ingresos comprobados asciende a $229.752.283,20. En paralelo, la investigación contabilizó gastos por $272.820.832,20, correspondientes a seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito, entre otros conceptos.

La diferencia detectada por la Fiscalía alcanza los $43.068.549.

En el caso de los gastos realizados en dólares, el análisis fiscal determinó una suma de USD 402.578,12 que, según el requerimiento, no encontraría correlato con los ingresos lícitos comprobados. En ese monto se contemplaron viajes, alquileres, refacciones y adquisición de muebles, principalmente mediante pagos en efectivo.

Otro de los puntos incluidos en la intimación está relacionado con las inversiones en criptoactivos realizadas por Adorni.

Pollicita busca determinar cuál fue el origen del capital utilizado para iniciar esas inversiones y de qué manera los rendimientos obtenidos posteriormente fueron incorporados como explicación de parte del crecimiento patrimonial.

El fiscal también solicitó información sobre los honorarios abonados a la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio.

Según explicaron fuentes vinculadas al expediente, las inconsistencias fueron detectadas a partir del análisis conjunto de la documentación reunida durante la investigación, incluidas las declaraciones juradas patrimoniales públicas y reservadas, sus rectificaciones y un análisis técnico realizado por organismos especializados.

El requerimiento de justificación patrimonial no implica por sí mismo una condena ni determina responsabilidad penal: constituye una instancia dentro de la investigación en la que el exfuncionario deberá aportar explicaciones y documentación sobre el origen de los bienes y fondos cuestionados.